La ley extremeña de responsabilidad social corporativa mejorará la competitividad y la productividad de las empresas según Pilar Lucio, consejera de Igualdad y Empleo de dicha comunidad autónoma.

Para la responsable de la Junta de Extremadura, que intervino este miércoles en la inauguración de un curso de verano sobre responsabilidad social de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo en Cuenca organizado por Tragsa, la nueva norma mejorará la rentabilidad empresarial, en el marco de un modelo de desarrollo económico más sostenible.

Por estas razones, aseguró que el gobierno autonómico ya está trabajando en el desarrollo de la ley en la región, con el fin de facilitar a las pequeñas y medianas empresas la incorporación de la RSC a su gestión.

Entre otros materiales, la Consejería de Igualdad y Empleo está desarrollando una guía técnica para la implantación de la resposnabilidad corporativa; una aplicación informática para la autoevaluación de la gestión; la elaboración de un modelo para realizar una memoria de sostenibilidad, y de un modelo de auditoria para la evaluación externa por parte de empresas autorizadas.

La consejera de Igualdad y Empleo manifestó que es importante que las empresas incorporen a su gestión la responsabilidad social. Y argumentó que la adopción de buenas prácticas para conseguir la excelencia en el campo laboral, medioambiental y social, más allá de las exigencias legales, otorga ventajas competitivas, incrementa la productividad de los trabajadores, reduce costes e aumenta los beneficios.

Según explicó, la ley extremeña no tiene carácter imperativo, sino que pretende que las empresas incorporen, de forma voluntaria, las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales, en sus relaciones con los trabajadores, con sus interlocutores externos y con el entorno en el que desarrolla su actividad.

A este respecto, recordó que en Extremadura operan sobre todo pequeñas y medianas empresas, que recibirán el asesoramiento y acompañamiento de la administración autonómica en materia de formación y sobre el potencial que tiene el desarrollo de la responsabilidad social en sus corporaciones, para la autoevaluación y diagnóstico de su nivel de aplicación, y para la adopción de buenas prácticas y evaluación de sus resultados.

Como está previsto en la ley, el Gobierno extremeño ya se ha aprobado la creación de un consejo autonómico en esta materia como órgano asesor del Consejo de Gobierno, de un registro de empresas socialmente responsable y del Observatorio de Responsabilidad Social de las Empresas de Extremadura.